El trámite que se migra desde hace tres años

Un organismo público tramita 2,1 millones de habilitaciones por año: comercios, transportes, obras. El sistema que las resuelve no es suyo: lo mantiene un proveedor, con un contrato que se renueva cada año. La última renovación tardó siete meses en firmarse, y durante esos siete meses nadie pudo desplegar nada del lado viejo.

Hace tres años empezó la migración a un sistema propio, con un plan de dieciocho meses. Cambiaron dos veces las autoridades del organismo. Ninguna de las dos la detuvo ni la terminó. El estado intermedio sobrevivió a los dos mandatos que lo iban a cerrar, y hoy es, en los hechos, el estado permanente del sistema.

Este ejercicio junta las tres cosas que el nivel viene enseñando por separado, y las pide al mismo tiempo.

Las dos versiones tienen que servir. El traslado avanza por tipo de trámite, no de golpe, y va a seguir avanzando durante años.

Volver atrás tiene que seguir siendo posible. Si la base del proveedor se queda atrás, volver no es cambiar una ruta: es reconstruir a mano los trámites del período, con reglas distintas de las que se aplicaron. Para un organismo público eso no es un problema técnico, es un ciudadano con dos resoluciones diferentes sobre el mismo expediente.

Y dentro de tres años alguien va a preguntar quién resolvió qué. El expediente de habilitación tiene diez años de retención y se usa en juicios. El año pasado, en dos causas, el organismo no pudo demostrar qué versión del sistema había resuelto el trámite en disputa.

Una restricción más, y condiciona todo lo demás: del lado viejo no se puede cambiar nada sin una firma que tarda meses. Toda la mecánica de la convivencia tiene que vivir del lado que el organismo controla.

Rearmá el sistema para que las dos versiones atiendan trámites reales, para que la decisión de quién atiende viva en un solo lugar propio, para que la base del proveedor no se atrase ni un día, y para que dentro de tres años se pueda probar cuál de las dos resolvió cada expediente.